El caso contra el Banco Central, por: Murray N. Rothbard
De lejos, la operación más secreta y menos obligada a rendir cuentas del gobierno no es, como uno podría esperar, la CIA, la DIA, o alguna otra agencia supersecreta de inteligencia. La CIA y las otras actividades de inteligencia están bajo el control del Congreso. Están obligadas a rendir cuentas: una comisión del Congreso supervisa sus actividades, controla sus pre-supuestos y es informada de sus operaciones encubiertas. Es cierto que las audiencias y actividades de la comisión están cerradas al público, pero al menos los representantes del pueblo en el Congreso aseguran que estas agencias secretas rindan ciertas cuentas.
Sin embargo es poco conocido que hay una agencia que su-pera a todas en secretos. El Banco Central no rinde cuentas a nadie; no tiene presupuesto; no está sujeto a ninguna auditoría; y ninguna comisión del Congreso conoce, o puede realmente supervisar, sus operaciones. El Banco Central, virtualmente en control absoluto del sistema monetario tan vital para la nación, no está obligado a rendir cuentas a nadie y esta extraña situación, si es que acaso se conoce, es invariablemente considerada una virtud.
Así, cuando el primer presidente demócrata en más de una década tomó el poder en 1993, el inconformista y venerable demócrata presidente de la Comisión de Banca del Parlamento, el tejano Henry B. González, presentó con optimismo su proyecto favorito para abrir el Banco Central al escrutinio público. Sus propuestas eran suaves. No pedía un control completo del presupuesto del Banco Central. El proyecto de ley de González requería auditorías independientes completas de las operaciones del Banco Central, grabar en video las reuniones del comité de toma de decisiones del Banco Central, y la divulgación de informes detallados de esos encuentros en el plazo de una semana, en lugar de permitir al Banco Central, como sucede ahora, emitir vagos resúmenes de sus decisiones seis semanas después. Además, los presidentes de los doce Bancos de la Reserva Federal serían elegidos por el presidente de los Estados Unidos en lugar de, como son ahora, por los bancos comerciales de las regiones respectivas.
Era de esperar que el presidente del Banco Central Alan Greenspan se opusiera a cualquiera de esas propuestas. Después de to-do, está en la naturaleza de los burócratas resistir las interferencias a su poder. Fue más sorprendente el rechazo del proyecto de González por el presidente Clinton, cuyo poder, después de todo, hubiese aumentado con tales medidas. Las reformas de González, declaró el presidente, “corren el riesgo de disminuir la confianza del mercado en el Banco Central.”
Esta reacción presidencial, aún siendo tradicional entre los mandatarios, resulta inquietante. Después de todo, ¿no depende una democracia del derecho de la gente a saber lo que pasa en el gobierno por el que tienen que votar? ¿No fortalecería la fé del público norteamericano en sus autoridades monetarias la transparencia total? ¿Por qué tendría el conocimiento público que ? ¿Por qué depende en asegurar menos escrutinio público del que se pide a los guardianes de secretos militares que podrían beneficiar a enemigos extranjeros? ¿Qué está pasando aquí?
La respuesta habitual del Banco Central y sus defensores es que cualquiera de tales medidas, aún marginales, limitaría la “independencia respecto a la política” del Banco Central; eso es invocado como una especie de verdad absoluta autoevidente. El sistema monetario es altamente importante, se dice, y por tanto el Banco Central debe disfrutar de independencia absoluta.
“Independencia respecto a la política” suena bien, y ha sido una muletilla de propuestas a favor de la intervención burocrática y del poder desde la Era Progresista. La limpieza de las calles; el con-trol de los puertos de mar; la regulación de la industria; la provisión de seguridad social; esas y muchas otras de las funciones del gobierno son consideradas para estar sujetas a las veleidades de los caprichos políticos. Pero una cosa es decir que las actividades privadas o de mercado deben estar libres del control del gobierno, e en ese sentido. Pero aquí estamos hablando de agencias y actividades gubernamentales, y decir que debe ser conlleva implicaciones muy distintas. Dado que el gobierno, a diferencia de la industria privada en el mercado, no está obligado a rendir cuentas a accionistas ni a consumidores. El gobierno sólo puede rendir cuentas al público y sus representantes durante su legislatura, y si el gobierno se vuelve sólo puede significar que una esfera del gobierno se convierte en una oligarquía que se auto-perpetua, que no rinde cuentas a nadie y nunca sujeta a la facultad del público de cambiar su personal o “se-parar a las manzanas podridas.” Si ningún grupo ni persona, ya sean accionistas o votantes, pueden quitar de en medio a una élite de gobierno, entonces tal élite se hace más apropiada para una dicta-dura que para un país supuestamente democrático. Y sin embargo es curioso como muchos auto-proclamados campeones de la , doméstica o global, corren a defender el susodicho ideal de la total independencia del Banco Central.
*Extracto de la introducción original del libro. La opinión del autor es personal y no constituye una posición oficial de la Fundación Nueva Democraci
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