Informe semestral sobre violaciones a los DDHH
El Observatorio Boliviano de Derechos Humanos presento este miércoles 15 de agosto su informe semestral sobre violaciones a los DDHH. En esta ocasión indicaron que monitorearon 143 casos de violaciones a los derechos humanos que encajan dentro de los ejes temáticos en los que hacen foco. Destacaron que durante todo el año 2016 monitorearon un total de 157 casos de violaciones a los derechos humanos, en la siguiente gestión 2017 registraron 154 casos, por lo que la cifra registrada en lo que va del año 2018 resulta muy preocupante y muestra un deterioro en lo concerniente a la calidad de la democracia en el país, en la siguiente sinopsis se describe en grandes líneas el contexto:
Restricciones a la libertad de expresión y de prensa (28 casos).-
De acuerdo a los reportes del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos y otras instituciones comprometidas con la defensa de las libertades fundamentales como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la hostilidad hacia los medios de comunicación y los periodistas que no demuestran un apoyo militante al partido en función de gobierno, se ha incrementado sistemáticamente durante los últimos años. Tendencia que se ve reflejada en el ranking anual sobre “La libertad de Prensa en el mundo”, que anualmente publica Reporteros Sin Frontera. Cabe destacar que el año 2016 Bolivia ocupaba el puesto Nº 97, el año 2017 desciende 10 escalones para ubicarse en el puesto Nº 107, finalmente en la clasificación mundial del 2018 que acaba de publicarse, Bolivia ocupa el puesto Nº 110, indicando en su reseña para nuestro país lo siguiente; la prensa sobrevive en medio de una gran precariedad. El gobierno de Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006, hace callar a los medios de comunicación críticos y los funcionarios no dudan en atacar en público a los periodistas de oposición o en emprender procesos judiciales para amordazarlos.
Este contexto autoritario e intolerante hacia la libertad de expresión, la libertad de información y la libre circulación de ideas, va en contra sentido de los mandatos constitucionales y de convenios internacionales suscritos por Bolivia, lo que pone de manifiesto que no se está respetando el Estado Constitucional de Derecho Democrático en el país, al contrario, a la vista y paciencia de las autoridades judiciales se ejerce una fuerte presión para imponer la censura y la auto censura mediante: la asfixia económica, la fallida reforma del nuevo código de procedimiento penal y las agresiones físicas y verbales contra medios de comunicación y periodistas, a las que se le suman una serie de procesos judiciales.
Persecución judicial por motivaciones políticas (89 casos).-
En el marco del eje temático en cuestión, es importante traer a colación que como Observatorio Boliviano de Derechos Humanos durante el año 2016 monitoreamos 83 casos de persecución judicial por motivaciones políticas, en la siguiente gestión de 2017 monitoreamos 89 casos dentro de este eje temático, y para los primeros seis meses del año 2018 también hemos monitoreado también 89 casos, lo que pone de manifiesto una preocupante tendencia hacia la intolerancia y el autoritarismo.
Discriminación política (17 casos).-
A pesar de que la democracia pluralista en teoría se encuentra plenamente vigente en el país, y que este a su vez se trata de un modelo de gobierno que postula y fundamente que los discordes deben de tolerarse mutuamente para organizar la coexistencia pacífica y solucionar las diferencias sin recurrir a la violencia, lo cierto es que en nuestro país existe mucha discriminación política hacia la crítica, se evidencian muchas actitudes autoritaria que en buena medida son azuzadas por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), partido político que se caracteriza por atacar y descalifica a toda persona o institución que ose cuestionarlo o fiscalizarlo.
Violencia y acoso político contra la mujer (9 casos).-
Como Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, al 30 de junio de 2018 hemos monitoreado 9 casos de violencia y acoso político contra la mujer. Sin embargo el 3 de mayo también de 2018, el portal informativo del Órgano Electoral; Fuente Directa, dio cuenta de que en lo que iba de la gestión 2018 se habían registrado 65 casos de violencia y acoso político contra las mujeres, sobre la materia y en la misma jornada el diario El Deber informó que actos discriminatorios, presión para renunciar, la firma de documentos contra la voluntad, restricción del uso de la palabra y presión sobre las familias son los casos más comunes que afectaron a las autoridades.
A lo anterior debemos de sumar que mientras se redactaba el presente informe el periódico El Diario de la Paz dio cuenta de que enero a junio de 2018, solo en ese departamento el Tribunal Electoral de La Paz había recibido 40 denuncias de violencia y acoso político contra la mujer, de las mismas 25 se han oficializado y remitido a la Fiscalía, para que investiguen y 15 solo se han recibido de forma verbal, debido a que las mujeres autoridades prefirieron no hacer oficial su denuncia por temor a ser expulsadas de sus comunidades.
Una vez más la evidencia es contundente y deja al desnudo que las mujeres en Bolivia enfrentan una serie de adversidades que restringen su empoderamiento en la política nacional, al respecto es importante reflexionar sobre el hecho de que muy pocos de estos casos son judicializados para obtener sentencias condenatorias, por lo que muchos de estos delitos de orden público quedan en la impunidad.
La situación anteriormente descrita justifica y alienta que los diferentes organismos multilaterales verifiquen el grado de cumplimiento de los estándares de protección a los Derechos Humanos en nuestro país, esto siempre en el marco de los convenios y tratados internacionales de los que somos signatarios.