Índice de Calidad Institucional 2017 (ICI 2017)
Más de una década de gobiernos populistas alejaron a muchos países sudamericanos del ideario institucional que es fundamental para el progreso de los Estados. La teoría expone que las naciones con mayor grado de institucionalidad, son aquellas que tienen Estado de Derecho, libertades individuales, apertura comercial y que son abiertas a la globalización, entre otros factores.
El Índice de la Calidad Institucional, un estudio que se viene desarrollando hace casi una década y que trata de medir y ponderar los rasgos que constituyen la calidad institucionalidad, precisamente nos expone un panorama poco alentador para Bolivia, basta con mirar el ranking de países para darnos cuenta que no vamos bien. Bolivia se ubica en este estudio en el puesto 145 a nivel mundial, y es antepenúltimo a nivel sudamericano, solamente seguido por Ecuador (148) y Venezuela (184). Chile es el país sudamericano mejor posicionado, ya que se encuentra en el top 25 a nivel mundial.
Decimos que no es alentador el panorama porque venimos perdiendo posiciones sistemáticamente, entre 2007-2017 caímos 27 escalones en la tabla y si esto no es suficiente, en el último año descendimos seis. Si observamos las variables que constituyen el índice, nuevamente se vuelven a encender las luces rojas de alerta. En lo que respecta al Estado de Derecho, Bolivia tiene uno de los peores índices (0,11), solamente superado por Haití (0,10) y Venezuela (0,0096).
En la variable Corrupción, Bolivia (0,35) comparte los últimos lugares con Ecuador (0,31), Paraguay (0,26) y Venezuela (0,05), los demás países sudamericanos están por arriba del 0,4. En las variables de libertad económica, compartimos ubicación con Ecuador (0,11) y Venezuela (0,01). Cabe preguntarse ¿estamos deteriorando la institucionalidad en Bolivia? o simplemente otros países de la región están mejorando sus índices, lo que les permite a ellos subir y a nosotros descender.
En el caso boliviano es muy marcada la primera interrogante, primero porque tenemos un gobierno populista promotor del rentismo y del proteccionismo estatal y que en estos últimos diez años se encargó de generar políticas prebendales, sostenidas por un incremento considerable en el precio del petróleo y segundo porque la élite gobernante necesitaba reconfigurar el escenario político nacional y para ello se encargó de “refundar el Estado”, uno donde las decisiones se tomen en el poder ejecutivo y los demás poderes simplemente obedezcan. Por otro lado, se tiene previsto elecciones judiciales para este año, mismas que fueron un fracaso en una ocasión anterior, pues la mayoría de los magistrados obedecía al ejecutivo y los que no, fueron retirados y enjuiciados.
Lo económico es uno de los temas fundamentales dentro de cualquier Estado, pues de ello depende considerablemente el desarrollo, sin embargo, la visión centralista y rentistas del actual gobierno, restringe las libertades económicas de muchos sectores y asume el dominio total del sector estratégico, además, está empecinado en competir con el privado, construyendo empresas estatales que en la mayoría de los casos son deficitarias, pero permanecen a flote, subvencionadas por el Estado, porque son fuentes de empleo para su militancia.
Existen innombrables casos que contribuyeron o están contribuyendo al deterioro sistemático de la institucionalidad en nuestro país, muchos de ellos más visibles que otros, por ello ha de esperarse que estos estudios contribuyan a romper el sesgo de quienes gobiernan, que las soluciones están a partir de una autocritica y de la asimilación de lecciones propias y ajenas, que nos permitan alejarnos de las malas experiencias y nos acerquen a aquellas que hicieron posible a otros países mejorar sus índices y fortalecer sus instituciones.