Avasallamientos, Reforma Agraria y Sostenibilidad Agropecuaria – Luis Fernando Asturizaga Mendoza

Bolivia atraviesa a noviembre de 2025 una de las crisis económicas más graves desde la década de 1930. La combinación de sequía extrema en las gestiones 2023-2024, escasez crónica de dólares y diésel, contrabando descontrolado y, sobre todo, la inseguridad jurídica provocada por los avasallamientos masivos de predios productivos, ha colocado al país al borde de una crisis alimentaria estructural.

De acuerdo a un resumen generado por Inteligencia Artificial y presentado en la columna de opinión del Gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, «Bolivia aparece como uno de los países con probabilidad creciente de deterioro en su seguridad alimentaria aguda entre junio y octubre de 2025; la inflación económica sostenida está afectando el poder adquisitivo de la población, lo que dificulta el acceso a alimentos básicos; la escasez de reservas internacionales limita la capacidad del país para importar alimentos y combustibles, profundizando la crisis; las dificultades para acceder a insumos y combustibles  han afectado la producción de alimentos, en particular el maíz, un cultivo clave en la dieta boliviana; 2,2 millones de bolivianos sufrían inseguridad alimentaria aguda (octubre de 2024) equivalente a un 19 % de la población; Bolivia no está entre los países en riesgo técnico de hambruna como Sudán, Gaza, Sudán del Sur, Haití o Malí; si no se abordan las causas estructurales, la situación puede empeorar durante el segundo semestre de 2025, especialmente en zonas rurales; la combinación de factores económicos, climáticos y logísticos (p.ej. bloqueos) ha generado un efecto acumulativo que agrava la situación alimentaria».1

Particularmente considero que, en el análisis efectuado por la Inteligencia Artificial, falta un elemento fundamental para tener un panorama de la crisis que atraviesa el país y es el referido al permanente y a la vez infinito proceso de reforma agraria que vive el país y que sufren los productores desde 1953.

Los incendios forestales y los avasallamientos son justamente la consecuencia de este proceso que parece no finalizar, y como las normas están perfiladas para que no concluya jamás, considero que es importante tocar en profundidad este tema.

Mucho más cuando estamos viviendo los albores de una nueva gestión gubernamental que debe enfrentar un sin fin de desafíos; uno de ellos la conclusión del saneamiento de tierras y con ello, ¿por qué no?  La conclusión del proceso de reforma agraria.

Este artículo pretende demostrar la necesidad de concluir la reforma agraria, como un elemento central en la búsqueda de paz social en nuestro país, elemento imprescindible para generar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, en las inversiones y en el salto productivo con sostenibilidad ambiental que requieren las presentes y futuras generaciones.

Datos oficiales, testimonios y análisis demostrarán que el avasallamiento no es nada más ni nada menos, que el producto de una reforma agraria ampliamente politizada y dirigida a la colectivización forzosa de la tierra, tratando de emular el enfoque socialista de la Unión Soviética, que data de principios del siglo xx y que causó hambruna y muerte de millones de campesinos en las zonas rurales de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

En ese marco considero que la reforma agraria distributiva —tal cómo fue parcialmente concebida en 1953 y relanzada con agresividad en 2006— está llegando a su conclusión.

Ya no existen tierras fiscales disponibles en cantidad significativa para satisfacer el infinito apetito de las organizaciones sociales afines al MAS, por lo que, si continuamos en la lógica política de cumplir sus demandas, se va a prorrogar la afectación a la producción nacional de alimentos y se va a generar más violencia en el campo.

En ese contexto, los avasallamientos actuales no son una continuación legítima de la lucha campesina/indígena/originaria3 por la tierra, sino una forma nueva de apropiación ilegal que combina delincuencia organizada, especulación inmobiliaria y, en algunos casos, narcotráfico.

Por ello me parece que llegó la hora de cerrar definitivamente el capítulo del reparto irresponsable de la tierra y abrir el capítulo de la sostenibilidad agropecuaria, como un imperativo para el futuro inmediato del país.

Es posible un modelo intensivo, tecnológico, inclusivo y sostenible que permita a Bolivia continuar alimentando a su población y a millones de personas en el mundo, convirtiéndose en potencia agroexportadora de alimentos producidos en los cuatro puntos cardinales del país.

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