Las relaciones de Bolivia y Chile adolecen de tres elementos claves para considerarlas regulares. El primer tema es que se trata de relaciones que funcionan por debajo del estándar de lo que podríamos considerar un relacionamiento común o regular en materia diplomática. De hecho, el bilateralismo existente carece de formalidad en la asignación de embajadores desde 1978. Esto ha representado una distorsión permanente para los cónsules designados en ambos países como representantes de los Estados, los cuales, en la práctica e informalmente, asumen un doble rol de cónsules y embajadores de hecho en ambos países desde hace casi medio siglo.
En segundo término, los escenarios de trabajo, entendidos como el entramado que conllevan aspectos fronterizos, de cooperación, de integración, acuerdos en el marco de temas de seguridad, migraciones y otros, discurren en ambos países en un contexto de cuidado y reserva distinto al que cuando se está frente a relaciones regulares entre Estados. Aquí, nuevamente, la relación funcional del ámbito consular deambula entre el estricto control de las cancillerías para las designaciones de funcionarios de carrera o actores políticos con apego a la presidencia en la gestión consular o la formación de Comités ad hoc, pero con escaso peso en el seguimiento de iniciativas o eficacia de las mismas.
También está la cuestión de la relación política, la que, en rigor de la relación con Chile en Chile, o con Bolivia en Bolivia, se sobreestima o subestima. En este marco, y a lo largo de las décadas, el contexto político de cada país es determinante en la evolución, con lo cual no es posible hablar en rigor de escenarios posibles, de mayor integración o falta de ella, salvo que invoquemos otras consideraciones ajenas a los propios países. Por ello es que hoy resulta tan complejo saber qué quieren los gobiernos o qué es lo que no quieren, y/o “estimar” lo que posiblemente podría hacerse o diseñarse para “mejorar” las condiciones de la relación.
Un último elemento crucial es que la Constitución boliviana tiene la reintegración marítima como un elemento clave de su política exterior. En consecuencia, desde el 2009 amarra su relacionamiento con Chile a poder “conversar” sobre la soberanía costera como un requisito con Chile. En consecuencia, esta condicionante irredentista permea de fondo la realidad, algo inédito en la región sudamericana y muy poco práctico entre los Estados.
Por lo anterior, la relación entre Chile y Bolivia discurre desde 1978 y más aún, desde 2009 en el contexto de lo imprevisto: Chile y Bolivia no están en condiciones de diseñar las relaciones. A lo sumo, pueden avanzar en el marco de gestionar su funcionamiento, con cada gestión de gobierno, y ello es así a uno y otro lado de la cordillera, hay que decirlo.
Precisamente por estos motivos es que este artículo pretende dos cosas: explicar los escenarios que se advierten como consecuencia de la ausencia de relaciones formales entre países; escenarios que dan cuenta de las constantes que se han visto en distintos gobiernos desde el periodo de Michelle Bachelet (2006-2010) entre los dos países. En segundo lugar, contextualizar los temas que hoy están siendo tratados entre los países en el marco de las diligencias realizadas por las cancillerías, considerando la ausencia de relaciones formales entre jefes de Estado. Finalmente, proponer lineamientos urgentes a asumir para avanzar hacia el entendimiento más formal.
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