Caso marcha de los discapacitados
El 15 de noviembre de 2011, se inicia la marcha de los discapacitados desde la ciudad de Trinidad (departamento del Beni) hacia la ciudad de La Paz, exigiendo un bono de 3000 bolivianos, y la aprobación del proyecto de ley “Trato Preferente para las Personas con Discapacidad”. El 23 de febrero de 2012, luego de 100 días de marcha de protesta, los discapacitados a su arribo a la ciudad de La Paz, pretenden ingresar a la Plaza Murillo frente a la cual se encuentran las sedes del Poder Ejecutivo y del Legislativo del Estado. Para impedirlo, agentes policiales utilizan gases pimienta y lacrimógenos, además de bastones eléctricos, con los que reprimen a los discapacitados. Como producto de la represión policial, se genera un saldo de ocho detenidos y decenas de heridos. La acción policial es ampliamente repudiada tanto nacional como internacionalmente. Sin embargo, las autoridades judiciales abren un proceso judicial sólo contra los discapacitados detenidos y no contra los autores de la brutal represión.
El 25 de septiembre de 2011, en circunstancias en que los integrantes de la VIII Marcha Indígena descansaban
en un campamento cercano a Yucumo (departamento del Beni), alrededor de 500 efectivos policiales cercan a dicho campamento y proceden a golpear, maniatar, y a amordazar con cinta adhesiva a hombres y mujeres indígenas; los policías utilizan una gran cantidad de gases lacrimógenos. Luego de la represión, aproximadamente 540 indígenas fueron embarcados, por la fuerza, a varios buses sin placa de control y a camionetas de la Policía que los trasladaron a poblaciones aledañas. De estos 540 indígenas, más de 200 fueron llevados y detenidos en el aeropuerto de Rurrenabaque a la espera de ser trasladados, en aviones militares, a destinos desconocidos. Posteriormente, pobladores de dicha población se enfrentan con las fuerzas policiales que los custodiaban, logran liberar a los indígenas y así evitar su traslado. El proceso para conocer quién dio la orden de tan brutal represión no avanza. El 3 de enero de 2012, la Fiscalía General rechazó dos demandas por genocidio interpuestas, en octubre de 2011, contra las principales autoridades del Estado, por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) sin haber realizado ninguna investigación que exculpe a las autoridades señaladas. Lejos de que se le realice una investigación, en septiembre de 2012, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, es designado como embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).