Caso 24 de Mayo
En mayo de 2008, un grupo de supuestos estudiantes universitarios de Sucre redujeron a 18 de campesinos que se habían trasladado a aquella ciudad para expresar su apoyo al Presidente del Estado; los trasladaron a la Plaza 25 de mayo, donde les obligaron a pedir perdón de rodillas y semidesnudos ante la multitud. Por esa acción, que por supuesto es repudiable, los miembros del Comité Interinstitucional – entidad ad hoc creada para defender los intereses cívicos de Chuquisaca en ese entonceshoy están enfrentando una acción penal y todos ellos han sido objeto de medidas cautelares que limitan su libertad y vulneran sus derechos humanos. Sin embargo, los autores directos, de dichos hechos repudiables, no están siendo enjuiciados. Es llamativo que entre los delitos por los que se acusa a los miembros del Comité Interinstitucional no figura ninguno que diga relación directa con el caso de discriminación y racismo que supuestamente se persigue. Por el contrario, se los viene enjuiciando por el delito de “alzamiento armado”.
En fecha 23 de marzo los acusados del caso 24 de Mayo aseguran que pusieron en conocimiento del Tribunal de Apelación la jurisprudencia constitucional que establece que las detenciones domiciliarias tienen que ser computables si es que hay una sanción con sentencia condenatoria dentro de un proceso penal. Álvaro Ríos, uno de los sentenciados por este caso, aseguró: “Se tiene que descontar los días que un individuo tiene como detención domiciliaria con el quantum final de la penal, algo que lamentablemente no se cumplió en nuestro caso ni en el de Leopoldo Fernández”, aseguró Ríos.[1]
El 26 de abril se conoció que dentro del trámite de casación del caso 24 de Mayo, hay dos excepciones de prescripción que debe resolver la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y en caso de no dar curso a las mismas, recién ingresar al fondo del caso, informó la magistrada Maritza Suntura. Las excepciones fueron planteadas por separado por los acusados Jhon Cava y Juan Carlos Zambrana quienes consideran que los delitos por los que fueron acusados prescribieron en el tiempo y el proceso debería quedar archivado.[2]
El 27 de abril se informó que los acusados del caso 24 de Mayo preparan procesos penales en contra de los miembros del Tribunal de Sentencia de Padilla y del Tribunal de Apelación en Sucre que supuestamente emitieron fallos contrarios a la legalidad condenándolos a seis y siete años y medio sin prueba plena y por presiones políticas del actual Gobierno. El acusado Jhon Cava, señaló que alistan un proceso penal contra los jueces de Padilla que les condenaron a seis años de prisión, y los vocales en Sucre, que agravaron la condena, para frenar que algunos juzgadores y fiscales se presten a presiones políticas.[3]
El 9 de mayo se conoció que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rechazó dos de los cuatro incidentes de prescripción planteados por los acusados dentro del caso 24 de Mayo, dentro de la demanda de casación de los 13 sentenciados a siete años y medio de prisión que piden anular ese fallo por considerarlo injusto. En criterio de las magistradas, en las actuaciones de los acusados del caso 24 de mayo hubo torturas, consideradas un delito de lesa humanidad. “Hay delitos de lesa humanidad que no pueden prescribir cumpliendo con las normas nacionales, internacionales y la Constitución Política del Estado”, aseguró.[4]
Por su parte, en fecha 24 de mayo, la ex alcaldesa de Sucre, Aydeé Nava, declaro lo siguiente: Por los hechos del 24 de mayo, no sólo los campesinos y autoridades políticas deberían pedir justicia sino toda la población de Sucre porque se está condenando a ex dirigentes cívicos por delitos que no cometieron y los verdaderos autores de los vejámenes están libres y en altos cargos públicos.[5]
El 15 de junio se conoció que De los cinco recursos de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción que se presentaron dentro del trámite de casación de la sentencia condenatoria en el caso 24 de Mayo, dos fueron resueltos rechazando la extinción solicitada por algunos acusados y quedan tres en trámite; una vez resueltos se determinará si corresponde considerar el fondo del recurso de casación.[6]
Fuente: Reporte Anual 2016 de Violaciones a los Derechos Humanos sucedidas en Bolivia.
Descárgalo aquí: http://bit.ly/2kOPD51
Fuente: Reporte Semestral de Violaciones a los Derechos Humanos Sucedidads en Bolivia – Periodo Enero – Junio 2017.
Descárgalo aquí: http://bit.ly/2zbwctW
[1] Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 23 de Marzo de 2017. Acusados solicitan al juez computar arresto en casa. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170323_acusados-solicitan-al-juez-computar-arresto-en-casa.html
[2] Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 26 de Abril de 2017. Caso 24 de Mayo: Plantearon dos excepciones. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170426_caso-24-de-mayo-plantearon-dos–excepciones.html
[3] Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 27 de Abril de 2017. Caso 24 de Mayo: Alistan denuncia contra los jueces. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170427_caso-24-de-mayo-alistan-denuncia-contra-los-jueces.html
[4] Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 09 de Mayo de 2017. Caso 24 de Mayo: Niegan prescripciones. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170509_caso-24-de-mayo-niegan-prescripciones.html
[5] Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 24 de Mayo de 2017. 24 de Mayo: Víctimas y acusados piden justicia. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170524_24-de-mayo-victimas-y-acusados-piden-justicia.html
[6] Ver nota de prensa del diario Correo del Sur de 15 de Junio de 2017. 24 de Mayo: Hay 5 pedidos de extinción. Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20170615_24-de-mayo-hay-5-pedidos-de-extincion.html