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Corrupción Económica
Por: Massiel Mendieta
¿Qué es corrupción?
Proviene del latín corruptio. El prefijo “con” significa “junto”, el verbo “rumpere” es “hacer pedazos” y el sufijo “tio” es la “acción y efecto”. En síntesis es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar, pervertir, dañar. Totalmente negativo.
Resulta alarmante que esta se incremente a raíz de la poca eficacia en actividades institucionales, con la discrecionalidad de los funcionarios, mayor grado de monopolio sobre prestación de servicios en cuanto a ingresos con baja probabilidad de ser descubiertos, sanciones flexibles por parte de algunos gobiernos.
Debido a la falta de una clara delimitación entre lo público y lo privado, la existencia de un ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad latinoamericana y; la inoperancia práctica de las instituciones públicas la corrupción crece día a día.
Probablemente la ineficiencia se encuentra como causante principal en las anteriormente mencionadas; esta reduce la calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente, se crean estímulos para transacciones ilícitas. Asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de sistemas de planeación y control, lo que hace mas que dificultosa estructuras de prosperidad. En el sector público latinoamericano se identifican gobiernos sobre extendidos en funciones. Que no permiten la efectividad y verdaderos crecimientos económicos. Funcionarios de primer nivel en las entidades como las políticas de las instituciones son muy inestables.
Entidades públicas que ofrecen escasos incentivos para el desarrollo profesional de los funcionarios en general. La primacía de los criterios políticos de selección y asignación de los ascensos refuerza la tendencia, dejando de lado la meritocracia del personal. Perpetuando incompetencia.
El poder ha corrompido en su mayoría a gobiernos latinoaméricanos en la actualidad, presente confusamente en manifestaciones políticas del medio con la nula regularización, donde es evidente el referente de abusos, consistiendo en el enriquecimiento ilegal o ilegítimo de los políticos o, en general, de las autoridades (corrupción personal) o el favorecimiento ilegal o ilegítimo a las causas u organizaciones a las que están integrados aunque no se beneficien personalmente (corrupción oficial), gracias a los cargos que desempeñan o sus conexiones con quienes los tienen.
¿Cuál es el costo de la corrupción para la economía?
Por la naturaleza del fenómeno no existe una metodología o fórmula oficial para cuantificar el costo económico de este mal. No obstante, frena el crecimiento económico, desalienta el desarrollo y la inclusión financiera como los procesos de recuperación de deudas, Incrementa el costo y la reducción de la calidad de la inversión pública, perjudica acceso de los países a los mercados crediticios internacionales ya que la incertidumbre aumenta el costo de capital, asfixia la productividad desviando la asignación de los recursos productivos, limita el desarrollo de buen capital humano por falta de inversión en educación promoviendo la emigración del talento.
Pero peor aún: genera obras mal diseñadas, mal construidas, sobredimensionadas, elefantes blancos, lo que implica el uso absolutamente absurdo y mal uso de recursos, la adjudicación de obras a empresas sin experiencia o sin recursos pero que ganan las licitaciones en forma inexplicable. Panorama desalentador.
¿Habrá alguna posible solución?
Es preciso eliminar la burocracia: Menor numero de cargos públicos, mayor retribución y asunción de mayor responsabilidad. Reducción sustancial de cargos políticos irrelevantes e incremento sustancial de sueldos con responsabilidades. Remunerar de manera adecuada a los funcionarios públicos también es de suma importancia, ya que el hecho de que estos se encuentren mal pagados influirá negativamente.
Incentivar la educación: En la primaria, secundaria, universidad; en la sociedad los valores éticos fortalecen la cohesión social, igualdad de oportunidades y convivencia social. El generar y demostrar rechazo radical a la corrupción en todas sus manifestaciones es fundamental.
Más medios y recursos judiciales especializados para mejorar las respuestas de procesos. Dotación de recursos mínima y la indicación con los índices de corrupción para la dotación de nuevos recursos. Disminución radical del tiempo en los procesos y aplicación de sentencias tras la dotación de medios. Diligencia y efectividad judicial. Como también el incentivar y respaldar denuncias judiciales serias, todavía mucho más la denuncia fundamentada de un indicio de corrupción. No sólo protección y anonimato; se deben facilitar garantías, procedimientos claros y publicitados para que los ciudadanos puedan hacer uso de ello. Ausencia de indultos o tratos de favor a condenados por casos de corrupción. Modificar legislaciones existentes con el fin de que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción.
Establecer convenios internacionales ya que la economía es globalizada, y que la corrupción posee una dimensión que no es limitada por fronteras, el marco legal internacional para el control de la corrupción es un elemento clave en las opciones de las que disponen los gobiernos.
Emplear tecnología inteligente: Distorsiones creadas por gobernantes ofrecen muchas oportunidades de manipulación. Una forma de resolver este problemática es recurrir a las tecnologías. La globalización de los medios de comunicación y la prensa han creado corrientes de opinión, permitiendo la fiscalización y denuncia a diferencia de años anteriores en los que innumerables casos de corrupción en Latinoamérica no habían salido a la luz.
Modificar y adecuar la Ley de Contratos del Estado / Sector Público: La transparencia y publicidad digital de pliegos y concursos públicos no restrictivos de la mayor concurrencia. Con transparencia total y digital de la información pública: Todos los contratos. licitaciones, normativas, resoluciones, etc. de las Administraciones Públicas deberían ser públicos y accesibles vía Internet.
Independencia y potenciación de la auditoría publica: Despolitización y profesionalización. Total independencia para el Tribunal de Cuentas no sujeto a las influencias de los partidos políticos; se debería conferir responsabilidad jurídica a la hora de no identificar hechos punibles que estuvieran presentes en la documentación auditada. Mas que necesarias nuevas bases de financiación de los partidos políticos ampliando de forma realista los canales de transparencia.
Fomentar y premiar buenas prácticas de Administración pública: Con el objetivo de que los ciudadanos valoren a los políticos y gestores públicos. Como también estos encuentren un rédito político a su buena gestión. Premios, reconocimientos frecuentes y otorgados por instituciones y órganos que ostenten la mayor reputación.
En conclusión mitigar la corrupción económica es posible con estrategias centradas en cambiar las normas y los incentivos, con castigos suficientemente severos para quienes cometan infracciones, que serán mucho más eficaces si van acompañada de esfuerzos para reforzar las bases de códigos éticos y morales de la conducta humana.
*La opinión del autor no constituye una posición oficial de la Fundación Nueva Democracia.
Modificado por última vez en Lunes, 08 Octubre 2018 19:50